Este artículo se escribió para el semanal revolucionario en Gran Bretaña, Socialist Worker, el domingo, 17 de septiembre de 2017.
David Karvala
Como casi todo el mundo ya sabe, el domingo 1 de octubre, Catalunya celebrará un referéndum sobre la independencia de España. Esto viene tras muchos años de protestas masivas, con al menos siete manifestaciones de un millón o más de personas en un país de 7,5 millones.
También viene tras varios intentos de Catalunya para acordar un estatus reformado dentro del Estado español, todos bloqueados por el gobierno de Madrid. Como resultado, el 80% de la población catalana está a favor del referéndum.
Alrededor de la mitad es partidaria de la independencia; el resto se divide entre las personas que apoyan el statu quo y otras muchas que quieren una solución federal… una opción descartada por Madrid. En cualquier caso, el objetivo del referéndum es ver si una mayoría quiere una república catalana independiente.
Represión
El problema es que el Estado —y el actual gobierno minoritario del PP— está haciendo todo lo posible, no para convencer con argumentos al pueblo de Catalunya para que quiera seguir formando parte del Estado español, sino para impedir que vote.
Han obtenido dictámenes relámpago por parte del Tribunal Constitucional de revocar las leyes aprobadas por el parlamento catalán sobre el referéndum y las medidas transitorias a aplicar en caso de un voto afirmativo.
Han hecho amenazas legales contra las personas involucradas en realizar el referéndum, desde los dirigentes políticos hasta las y los trabajadores de a pie. Han imputado a más de 700 alcaldes por permitir que locales municipales se utilicen como colegios electorales.
La Guardia Civil ha clausurado la web oficial del referéndum (referendum.cat), mientras que una serie de sustitutos (el actual es ref1oct.eu) están bloqueados dentro del Estado español.
También han llevado a cabo redadas en imprentas; hasta el momento han requisado 1,5 millones de folletos y carteles para el referéndum, incluyendo publicaciones oficiales de la Generalitat.
Correos ha bloqueado la entrega de miles de ejemplares de la revista de Òmnium Cultural, uno de los principales movimientos independentistas, porque llevaba una tela con la palabra “democracia”.
Las autoridades españolas han prohibido diversas reuniones referentes al referéndum, en Madrid, Gijón, Gasteiz…
Han identificado a activistas que montan paradas por el Sí y han requisado su material. En diferentes municipios la policía arranca los carteles pro referéndum e incluso pancartas que sólo llevaban la palabra “Democracia”.
Todo esto ha ocurrido en los primeros días de una campaña que debe durar dos semanas y que empezó poco después de la magnífica protesta de un millón de personas el 11 de septiembre.
El último anuncio de Madrid ha sido que tomaba el control directo de las finanzas de la Generalitat; un paso más hacia la suspensión de la autonomía catalana, que sería toda una declaración de guerra contra los derechos democráticos de Catalunya.
La izquierda
Los y las activistas con más solera dicen que la represión los recuerda el franquismo.
Sorprendentemente, una parte de la izquierda española —como los líderes del PSOE— acepta el ataque del PP contra la democracia. Podemos y Izquierda Unida se han negado a reconocer el referéndum (efectivamente dijeron “esperad hasta que estemos en el poder y mientras tanto votadnos”), pero ahora denuncian la represión.
Un acontecimiento muy positivo fue la decisión de Catalunya en Comú (CEC) —la coalición de sectores de Podemos, ICV y EUiA, activistas de los movimientos sociales como Ada Colau…— de participar activamente en el referéndum. El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Coscubiela, fue aplaudido efusivamente por el PP y Ciudadanos cuando atacó el referéndum en el parlament. El 60% que apoyó la participación en el 1-O en la consulta interna de CEC muestra que la mayoría de su base quiere votar, aunque opte por el “no”.
Resistencia
Pero la verdadera batalla está en las calles. Aquí cada vez más personas están desobedeciendo la ley, la policía… el Estado.
Las redadas policiales han sido respondidas con protestas urgentes de centenares de personas burlando a la policía con cantos de “¿dónde están las papeletas?” y agitando papeletas impresas en casa. Las reuniones prohibidas se han celebrado, a veces con un cambio de local, como fue el caso de la de Madrid. Las escenas de solidaridad masiva ante del teatro de Lavapiés deben acabar con cualquier idea de que el derecho de decidir de Catalunya vaya contra la gente trabajadora del resto del Estado.
El President Puigdemont (@KRLS) twitteó las instrucciones para consultar el último sitio web oficial del referéndum a través de un servidor proxy, mientras que las copias del sitio aparecen más rápidamente de lo que las pueden prohibir.
Cualquier observador inteligente vería que todo esto pone la autoridad del Estado en cuestión incluso más de lo que haría un referéndum acordado. Pero nadie piensa que el PP cambiará su actitud. Y a estas alturas, las muchas dudas que existían acerca de si PEDECat y ERC se mantendrían firmes se están superando en la práctica.
Aún así, mucho puede y debe suceder en los próximos días y semanas.
La defensa del referéndum deberá incluir la organización y actividad de la gente que trabaja en Correos, en las imprentas, en las escuelas y otros edificios que harán de colegios electorales… Hay buenos argumentos a favor de una huelga de protesta en Catalunya contra la represión.
La izquierda internacionalmente, y especialmente en el resto del Estado español, debe intensificar su solidaridad (algo que ya está empezando).
En el caso de un voto afirmativo, tendremos que luchar para hacerlo efectivo y para construir una Catalunya diferente, no sólo cambiar una bandera por otra. Pero la batalla clave durante los próximos 10 días es la lucha por la democracia frente a la represión. Si ganamos esta batalla con la movilización masiva, estaremos mejor situados para las que vendrán.
David Karvala es activista en Barcelona y miembro de la red anticapitalista, marx21.net