La lucha por el derecho democrático a decidir en Catalunya

David Karvala

[En català]

El anuncio del presidente catalán, Carles Puigdemont, de que se celebrará un referéndum sobre la independencia de Catalunya el domingo 1 de octubre, responde a una demanda largamente defendida por la gran mayoría del país. Llega tras muchas movilizaciones masivas a lo largo de los últimos años, con manifestaciones de hasta 2 millones de personas e innumerables protestas.

Actualmente, alrededor del 80% de la población catalana está a favor de un referéndum. Algunos de ellos preferirían que se organizara de acuerdo con el gobierno español.

Con este objetivo, durante los últimos tres meses, una campaña muy amplia, el Pacto Nacional para el Referéndum, ha recogido medio millón de firmas a favor de que los gobiernos catalán y español lleguen a un acuerdo sobre dicho referéndum. Esta campaña incluye a los partidos independentistas, pero también a los “comunes”, el nuevo espacio político de izquierdas en Catalunya que combina activistas de los movimientos sociales y de Podemos con los partidos Iniciativa per Catalunya Verds y EUiA; este último es el referente catalán de Izquierda Unida. Sobre todo, el pacto involucra a miles de organizaciones sociales y culturales, incluyendo a CCOO y UGT.

A pesar de este amplio llamamiento, el gobierno español se ha negado repetidamente (18 veces, según el último recuento) incluso a hablar de celebrar un referéndum. Además, han perseguido sistemáticamente a líderes políticos favorables al derecho a decidir de Catalunya. La presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell —que no proviene de las estructuras partidistas, sino que antes era Presidenta de Asamblea Nacional Catalana— está siendo perseguida por haber permitido que el parlamento catalán votase sobre estas cuestiones. El próximo lunes, Joan Josep Nuet, un comunista de largo recorrido —también miembro de la mesa del parlament— ha sido citado en el “Tribunal Superior de Justícia de Catalunya” por el mismo motivo.

Así que el anuncio de hoy es un importante paso adelante en una larga batalla y plantea desafíos al gobierno de Madrid y a todas las fuerzas políticas, tanto de Catalunya como del resto del Estado español.

Tendremos que ver hasta dónde llega Madrid; ¿Tratarán de reprimir físicamente el referéndum? ¿Mantendrá el partido de Puigdemont, el Pedecat (anteriormente Convergencia), una posición firme? Dicho esto, dentro del independentismo la derecha catalana se encuentra en declive, mientras que la izquierda crece de manera importante. ERC crece a costa de Convergencia/Pedecat, mientras que la formación anticapitalista, la CUP, actualmente tiene 10 escaños en un parlamento de 135.

Otra gran pregunta es cómo reaccionan los “comunes” en Catalunya. Han insistido en que apoyan el derecho a decidir, pero también que cualquier referéndum tiene que ser acordado con Madrid. Ahora que está claro que un acuerdo es imposible, deben o bien apoyar el desafío, o bien abandonar cualquier defensa del derecho democrático a decidir, simplemente porque la clase dominante española está en contra. Con esta última actitud su programa de izquierdas ya no tendría sentido, porque la clase dirigente española también estaría en contra de él.

Y la otra pregunta es para la izquierda del resto del Estado. Frente a un conflicto entre los derechos democráticos de la población catalana y el gobierno derechista de Madrid, ¿tomarán parte, y si es así, de qué lado estarán? Históricamente, han tendido a utilizar argumentos abstractos “internacionalistas” para apoyar efectivamente la unidad forzosa del Estado español.

La victoria de la independencia en Catalunya aumentaría las posibilidades de un cambio radical: dentro del país, mediante un proceso constituyente; en lo que quede del Estado, porque se pondría en cuestión toda su estructura; y en el ámbito internacional, porque sería un ejemplo de que las cosas pueden cambiar.

El referéndum catalán no es una cuestión de “nacionalismo” frente a “internacionalismo”, sino del derecho de las personas a decidir sobre su vida frente a las imposiciones de un Estado cada vez más autoritario. La izquierda no debe tener dudas sobre en qué lado posicionarse.
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